Hace unas semanas se aprobó el proyecto de ley de Fomento de la Financiación Empresarial por la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.
Este texto legislativo, que entrará en vigor previsiblemente antes de mediados de año, obliga a las entidades de crédito a avisar, al menos con tres meses de antelación, a los autónomos, pymes y micropymes de que su financiación va a ser cancelada o reducida en un 35% o más.
El fin de esta norma supone ayudar a empresas y empresarios
El fin de esta norma es el de facilitar a estas empresas y empresarios el margen de tiempo necesario que les permita reorientar sus fuentes de financiación.
Asimismo, autónomos, pymes y micropymes podrán pedir a las entidades bancarias información acerca de su posición financiera, historial de pagos e impagos, extractos, calificación crediticia y la declaración que expone que la empresa ha cumplido íntegramente con sus obligaciones, entre otros, de los últimos 5 años.
En caso de reducción o cancelación de la financiación, la solicitud de esta información deberá ser atendida en el plazo de diez días hábiles y de forma gratuita. Si por contra la financiación no fuese cortada y esta información es requerida por el empresario, el plazo de respuesta será de quince días y a un coste a determinar por el banco en cuestión. Con esta información, autónomos, pymes y micropymes podrán negociar su financiación a otras entidades.
Ésta es una buena medida, a priori, aunque un gran número de empresarios la califican como escasa e insuficiente ya que consideran que el aviso debería ser antes de los tres meses.
Nueva ley para regular el crowdfunding
Además, la nueva ley también regulará el crowdfunding como nueva vía de acceso al crédito no bancario para pymes. Por tanto, esta medida pretende normalizar las plataformas electrónicas que promueven la financiación participativa mediante préstamos, emisión de acciones, obligaciones o participaciones de responsabilidad limitada.
El fin de esta regulación es que el crowfunding se convierta en una herramienta de financiación directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales al tiempo que protege al inversor.
Para ello, la ley fijará las obligaciones de estas nuevas plataformas, garantizando que sean transparentes y que los inversores dispongan de información suficientes.
No obstante, hoy por hoy, este texto legislativo continua siendo un proyecto de ley que todavía no está publicado en el Boletín Oficial del Estado ni aprobado en asamblea, por lo que el texto principal podría sufrir modificaciones.
Como veis, toda una serie de pequeños pasos que tienen el objetivo, al igual que tugesto, de ayudar a autónomos y pymes en la gestión total de vuestro negocio.