Una de las mayores preocupaciones de los gobiernos es la erradicación de actividades delictivas, como es el blanqueo de capitales. Generalmente estos actos provienen de tramas del narcotráfico o del encubrimiento de posesión y utilización por adquisición de bienes, entre otros. Para combatir estos hechos delictivos, los gobiernos a nivel internacional crean organismos coordinados y una legislación acorde como es la ley de prevención de blanqueo de capitales.
En qué consiste la ley de prevención de blanqueo de capitales
Este Real Decreto ley nace para proteger los sistemas financieros o cualquier actividad económica mediante un marco legal que regula dichas actividades. A la vez, establece responsabilidades y obligaciones a los sujetos y empresas para con el fisco, así como disposiciones sancionadoras a las actividades ilegales que generen blanqueo de capitales y financiación al terrorismo con la venta de armas.
Obligaciones en prevención de blanqueo de capitales
En España se adopta la normativa europea de la Ley 10/2010, de 28 de abril, que regula las obligaciones que entidades, sociedades, sujetos y distintos sectores económicos deben cumplir para no incurrir en actos delictivos: identificar a clientes, legitimar capitales, conservar la documentación y transparencia en la comunicación.
Coexiste con la Ley 12/2003, de 21 de mayo, que regula la congelación o bloqueo de fondos provenientes supuestamente de actuaciones económicas ilegales, como método operativo contra la prevención sobre el blanqueo de capitales.
Obligaciones de información
Se establecen las obligaciones de información y transparencia sobre cualquier tipo de documento o bien adquirido por conversión o transferencia que exija la Administración a:
- Entidades financieras de crédito
- Sociedades aseguradoras y de préstamos, y las de prestación de servicios.
- Instituciones gestoras y de inversión.
- Servicios postales
- Promotores inmobiliarios o agencias de compraventa de inmuebles o productos financieros con liquidación de valores.
- Casinos.
- Abogados y procuradores, notarios y registradores de la propiedad de bienes inmuebles o productos financieros con liquidación de valores.
- Sobre personas jurídicas y sus domicilios sociales que ejercen actividad profesional específica de servicios a terceros
- Sujetos que comercializan con joyas, piedras o metales preciosos, antigüedades u obras de arte.
Conservación de documentos
Se establece esta medida como forma de aplacar actividades delictivas o encubrir el origen ilícito de bienes. Debe constar en la correspondiente cláusula de prevención de blanqueo de capitales de cualquier documento oficial.
La conservación de documentos legales y transparentes por parte de los enumerados en el párrafo anterior proporciona a la Administración mayor transparencia en las actividades económicas, cuando ésta requiera contrastar datos que potencialmente se consideren fuera de la ley.
Diligencia debida
Establece tres grupos de medidas de diligencia debida atendiendo al riesgo de blanqueo de capitales de clientes y sus negocios.
En la diligencia debida normal se determina la obligatoriedad de identificar al titular real y su relación de negocio con los clientes.
Para la diligencia debida simplificada se establecen medidas más permisivas y con menos obligaciones.
Son de obligado cumplimiento las medidas de diligencia debida reforzada para actividades y servicios en los que se mueve grandes cantidades de dinero como en bancos privados, en operaciones con moneda extranjera o cuando se realizan transacciones transfronterizas.
¿Qué es el sujeto obligado?
Son personas físicas o jurídicas que deben hacer pública aquella información que poseen sobre supuestos hechos delictivos, así como informes de uso y destino de recursos y bienes de las personas o entidades que los reciben, entre los que se encuentran:
· Las personas que gestionan loterías y juegos de azar respecto al pago de premios.
· Las personas que efectúan movimientos de pago y comercializan profesionalmente con bienes ajenos.
· Las fundaciones y asociaciones.
Conductas y sanciones por blanqueo de capitales
En función de las conductas se aplican unas sanciones u otras. La ley en el capítulo 8 prevé tres criterios:
Se establecen como infracciones muy graves entre otras el incumplimiento de comunicación de un sujeto al conocer la existencia de un acto relacionado con el blanqueo de capitales.
Se contemplan estas infracciones monetarias con multas mínimas de 150.000 euros y máximas que quintuplican los beneficios generados por la infracción. Incluso se pueden enfrentar a inhabilitaciones o procesos penales.
Las infracciones graves se tipifican en incumplimientos de obligaciones de identificación de titulares y clientes. No identifican el propósito, índole o fin de las actividades económicas. Estas faltas pueden originar sanciones mínimas de 60.000 euros hasta el triple de los beneficios obtenidos de la infracción.
Se consideran infracciones leves las no recogidas como graves o muy graves. Puede establecerse una sanción a través de una amonestación privada o con una multa máxima de 60.000 euros.
Para ello, la Administración cuenta con una serie de órganos de control interno para la revisión y monitorización constante y asegurar que se cumpla la legislación en todo momento. De igual forma, la Unión Europea cuenta también con sus mecanismos de detección y control para asegurar que en la eurozona se cumpla esta legislación.
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